Una vez cada dos años, más de diez mil jerarcas y funcionarios públicos deben enfrentarse a una indeseada hoja en blanco, a un engorroso trámite por el que están obligados a pasar: la declaración jurada de bienes e ingresos. 

Pero solo un selecto grupo de todas esas declaraciones —las que corresponden a los principales cargos políticos del país— ve la luz pública. 

El País analizó 123 de las declaraciones presentadas en 2025 y 2024: la del presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, 13 ministros, 27 senadores y 81 diputados, disponibles al cierre de esta edición en la web de la Jutep.

El repaso de las declaraciones es, por un lado, una ventana a las realidades diversas de la dirigencia política uruguaya: los que tienen más y menos patrimonio, más y menos ingresos, más y menos deudas. 

Pero es también una forma de corroborar las limitaciones de la Jutep, que está lejos de contar con los instrumentos para controlar lo que los sujetos obligados declaran. 

Lo que aquí se publica es lo que los dirigentes políticos declararon, aunque su declaración incluya errores o inconsistencias (ver la metodología más abajo).

Y sí, los líderes políticos cometen varios de esos fallos al declarar: al menos 47 de estos 123 declarantes (el 38,2%, el presidente Orsi inclusive) completó de forma errática su declaración, desde los que se equivocaron al informar sus salarios hasta los que firmaron una declaración con cuentas que no cierran. 

El análisis se limita a las declaraciones que la Jutep ha publicado. Antes de hacerlo, el organismo debe asegurarse de ocultar manualmente ciertos datos privados, pero está atrasado en esa tarea. Entre los ministros, solo no se tomó en cuenta para este informe a Tamara Paseyro, de Vivienda, que presentó por última vez su declaración en 2024, cuando era directora y la Jutep nunca la hizo pública. La jerarca debe presentar una nueva declaración jurada antes del 26 de diciembre de 2026. En una situación similar está la ministra de Industria Fernanda Cardona: para este relevamiento se utilizó su declaración de 2024, cuando era directora de UTE; ese documento sí está público. Entre los senadores, hay tres que no tienen declaraciones publicadas por la Jutep. Entre los diputados hay 18 que no se han hecho públicas.

En este informe especial tampoco se incluye al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y al prosecretario Jorge Díaz; sus últimas declaraciones no fueron publicadas por la Jutep: así lo establece la ley Cristal, que excluye esos dos cargos de la difusión pública.

El diputado nacionalista Domingo Rielli lidera la lista de los dirigentes con mayor patrimonio de los 123 casos analizados.

Una lectura del patrimonio de ministros y legisladores por partido político muestra que los dirigentes del Partido Nacional declararon más que los de los otros partidos políticos históricos.

Según los datos analizados por El País, en promedio los dirigentes blancos tienen un patrimonio de 27.764.098 pesos (algo más de 690 mil dólares), los colorados 26.663.134 pesos (algo menos de 670 mil dólares) y los del Frente Amplio 7.040.502 pesos (unos 176 mil dólares). En otras palabras, el nacionalista promedio declara un patrimonio casi cuatro veces mayor al frenteamplista promedio.

Rielli declaró 294.021.769 pesos (algo más de siete millones de dólares) de patrimonio. Es un conocido empresario de los medios y del sector agropecuario de Durazno, rematador y dirigente político: fue secretario general de la intendencia en épocas de Carmelo Vidalín.

Tiene siete inmuebles (cuatro de ellos rurales) sumando más de 247 millones de pesos, unos 30 millones de pesos en semovientes (2.783 lanares, 990 vacunos y 45 yeguarizos) y algo más de dos millones de pesos en depósitos. Posee un tercio de Radio Durazno, Radio City y Hechizos SRL, y es dueño de Durazno TV. Rielli no tiene deudas.

Un escalón más abajo está el diputado colorado salteño Horacio de Brum con 197.223.390 pesos (en dólares, 4.746.652). Buena parte de eso, más de 165 millones de pesos, corresponde a 11 inmuebles, entre Artigas, Salto y Montevideo. Como se verá un poco más abajo, De Brum también es el líder con más deuda, unos 20 millones de pesos. Y es también uno de los que presenta una declaración con varios errores: entre ellos, el total que pone como patrimonio no refleja la suma de sus activos menos el pasivo.

En la lista de los 10 dirigentes con más patrimonio, hay cuatro del Partido Nacional, cuatro del Partido Colorado, uno del Frente Amplio y una de Identidad Soberana.

Esta última es la única mujer en 10: Nicolle Salle, la hija del diputado Salle. Odontóloga de profesión, su patrimonio es de 42.167.526 pesos, poco más de un millón de dólares. Buena parte del patrimonio de Salle corresponde a tres inmuebles, sobre dos de los cuales tiene el 100% de la propiedad y en el otro caso 50%. Solo hay tres declarantes con un valor total de inmuebles declarado más alto que el de Salle.

De esos diez que lideran el patrimonio, hay un solo ministro: Gabriel Oddone, quien suma 75.014.912 pesos, o sea 1,8 millones de dólares. El ministro de Economía tiene 34.198.837 pesos en el banco y 38.347.068 en tres inmuebles (más de la mitad corresponde a un apartamento en Punta del Este). Oddone posee junto a su esposa un Subaru de 2025, 26 ovejas y tres caballos.

Con algo más de un millón de dólares, el nacionalista Rodrigo Blás está en el puesto 10. De los 41.881.875 pesos que declaró, poco más de la mitad son inmuebles (una casa y un terreno). Pero también reporta algo más de 10 millones de pesos en depósitos y casi siete millones y medio de pesos en efectivo, entre dólares (150 mil), pesos y bitcoins. Su pasivo es cero: no tiene deudas.

En el otro extremo, hay algunos que casi no declaran patrimonio. La diputada frenteamplista Sol Maneiro tiene un patrimonio de 25.097 pesos: no tiene dinero depositado ni inmuebles; sí un vehículo, un Chevrolet de 2013, y a la vez una deuda con el Banco República de 63.321 pesos.

Su compañera Graciela Barrera declara un patrimonio de 27.350 pesos, que en realidad fue su ingreso mensual, según su última declaración vigente, de 2024, cuando era suplente. Barrera incurre en un error común: pone los ingresos como parte del patrimonio. Declara no tener depósitos, efectivo, inmuebles, auto, acciones ni tampoco deudas. También frenteamplista, todo el patrimonio declarado de Julieta Sierra es 38.507 pesos en el banco.

Pero hay legisladores y ministros con patrimonio negativo: José Luis Falero (-2.882.237 pesos), Yisela Araujo (-2.378.835 pesos), Nicolás Lorenzo (-919.422 pesos), Sebastián Valdomir (-555.659 pesos), Gabriel Otero (-360.000 pesos), Graciela Echenique (-128.382 pesos), Sandra Lazo (-60.625) y Gustavo Guerrero (-50.000).

El nacionalista Falero tiene cinco deudas bancarias y una deuda prendaria por un camión, por un total de casi 11 millones de pesos. La frenteamplista Araujo, en tanto, tiene deudas con el Banco Hipotecario, Banco República, Creditel y un crédito de la casa por un total de 2.637.335 pesos. También frenteamplista, Valdomir tiene una deuda de 1.421.309 pesos con el Banco Hipotecario por una casa que no figura en su patrimonio. Sí declaró un padrón en Barra del Chuy que vale 217.500 pesos. 

La ministra Lazo declaró una deuda de 727.570 pesos, casi todo con automotora Prado. Además, declara que tiene 158.000 pesos en efectivo (no en un banco), cinco caballos y el 50% de un Citroën de 2025, que vale algo más de 10.000 dólares.

Por el lado de los pasivos, 74 de las 123 declaraciones analizadas (es decir, seis de cada diez) registran algún tipo de deuda. Pero dentro de ese total hay una amplia variedad de situaciones: desde acuerdos con particulares, deudas productivas y muchos préstamos hipotecarios.

El promedio de deudas de los ministros y legisladores frenteamplistas es de unos 580 mil pesos, mientras que los blancos deben en promedio 2 millones y los colorados 1,8 millones de pesos.

Vale aclarar que las deudas no son de por sí algo problemático: pueden reflejar acceso al crédito formal, inversiones en curso o simplemente el funcionamiento habitual de una economía doméstica o productiva. Lo que importa, en líneas generales, es la relación de ese pasivo con el resto de las variables, así como su evolución en el tiempo.

Pero empecemos por los diez que declaran las deudas más altas. 

El que lidera ese ranking es el colorado De Brum con 20.238.540 pesos (en el entorno de los 500 mil dólares) de deudas, cifra que representa el 10% de su patrimonio declarado. Toda su deuda es bancaria, distribuida en tres bancos locales, entre ellos el Banco República.

El siguiente en la lista, el senador Sebastián Da Silva, reporta una deuda hipotecaria de 11.091.000 pesos (aproximadamente 275 mil dólares) en el Banco Itaú.

El podio lo completa el senador nacionalista José Luis Falero con 10.984.785 pesos, pero en su caso el pasivo supera sus activos declarados (8.102.548 pesos), y está casi enteramente vinculado a su actividad productiva con camiones. De su pasivo, 2 millones de pesos son deudas prendarias y los casi 9 millones restantes son deudas bancarias también vinculadas a “capital y trabajo” o “camiones”.

El diputado de Florida Álvaro Rodríguez Hunter, también blanco, se ubica en el cuarto puesto con un pasivo de unos 9,9 millones de pesos, compuesto en su gran mayoría por dos deudas con personas físicas, de 160 mil y 50 mil dólares cada una. 

El senador blanco Martín Lema le sigue en el quinto lugar, con una deuda hipotecaria por su casa que a la fecha de su declaración era de 6,6 millones de pesos.

Entre los diez primeros con mayor pasivo hay un ministro, Edgardo Ortuño, y el único diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo: ambos deben algo menos de 100 mil dólares cada uno por un préstamo hipotecario.

Pero también hay quienes reportan pequeñas deudas, desde un saldo en la tarjeta de crédito (como los 60.000 pesos del senador blanco Carlos Moreira o los 18.000 de Diana Noy, diputada del MPP) hasta pasivos con la DGI (la diputada Cecilia Badín del MPP declara una deuda de 130 mil pesos) o con corredores de seguros (el diputado astorista Carlos Varela, 29 mil pesos).

Aquí también hay un panorama desparejo, en parte por la propia realidad del bolsillo de los ministros y legisladores pero también por sus criterios —en varios casos erráticos— a la hora de completar la declaración. 

Orsi ocupa el décimo lugar en la lista de mayores ingresos con los 547.704 pesos líquidos que recibe como presidente de la República. 

Pero hay nueve legisladores (cuatro blancos, tres colorados y dos frenteamplistas) que reportan mayores ingresos que Orsi si se toman en cuenta rentas u honorarios, además del salario. 

El que lidera el ranking es el diputado nacionalista Blás, con un ingreso declarado de casi 1,8 millones de pesos (unos 42.800 dólares) al mes. Los 210.000 pesos que cobra en la mano como legislador representan el 10% de sus ingresos mensuales. A ellos, Blas le suma en promedio casi 1,6 millones que obtiene de sus emprendimientos privados: una inmobiliaria y el almacén-restaurante Crocante en Manantiales. 

En segundo lugar está el senador nacionalista Da Silva, que declara ingresos mensuales por 1,5 millones de pesos, de los cuales 1,28 millones (32 mil dólares aproximadamente) provienen de facturación profesional por su actividad agropecuaria que se suman a su sueldo parlamentario.

El tercer y cuarto puesto es para dos colorados del interior (el canario Walter Cervini y el salteño De Brum), y el quinto y sexto puesto es para dos médicos frenteamplistas (Luis Gallo y Daniel Borbonet). 

El diputado Cervini declara ingresos de 1,2 millones de pesos, de los cuales 232 mil son por su tarea parlamentaria y 922 mil por su actividad comercial. De Brum, el segundo legislador con más patrimonio, en este caso integra el top diez por un error en su declaración, ya que incluye en la suma las partidas de secretaría y además pone el sueldo nominal, contrario a lo que dice el formulario. A los aproximadamente 680 mil pesos que declara como ingreso por su función le suma 266 mil mensuales por la actividad de su empresa agropecuaria.

Los dos legisladores frenteamplistas que siguen en el ranking obtienen ingresos adicionales por ejercer como médicos. Gallo declara un sueldo de 217 mil líquidos de Corporación Médica de Canelones y otros 400 mil mensuales de ingresos por el libre ejercicio de la profesión de cirujano paliativo en Crami, Comeca y Sanatorio Americano, entre otros. 

El de Borbonet, que es un reconocido neonatólogo y en julio de 2025 asumió la titularidad de la banca que dejó Silvia Nane, es un caso peculiar ya que al momento de completar su declaración no había cobrado su primer salario de legislador. Por eso la cifra de 776.500 que declaró como ingresos es por fuera de su cargo público: un sueldo de 220 mil pesos del Sanatorio Americano, 440 mil de honorarios como profesional independiente, 45 mil de renta de un alquiler y 71.500 de jubilación.

Los otros tres que perciben más ingresos que Orsi son el diputado Rielli, el senador colorado Andrés Ojeda y el senador Moreira. 

Rielli declaró tres sueldos que cobraba hasta 2025 por la Intendencia de Durazno (166.704 pesos), Radio Durazno (25.874 pesos) y Durazno TV (25.200 pesos), aunque aclaró que ya no percibía ninguno de ellos. A eso se suman 62.000 pesos de renta de alquiler y unos 492.777 de utilidades al mes entre la radio, el canal de televisión y su actividad agropecuaria.

Ojeda declaró su sueldo nominal del Parlamento —y no el líquido, como la declaración establece que debe ser— y a eso le sumó 250.000 pesos mensuales de honorarios profesionales como abogado.

En el caso de Moreira, la última declaración jurada disponible es de 2024, cuando todavía era intendente de Colonia y ganaba un sueldo líquido de 400.234 pesos. 

A eso le sumaba 47.159 pesos producto de dos rentas y otros 145.744 de pasividades, entre AFAP y Caja de Profesionales. 

Además de las actividades empresariales o profesionales ajenas a la política, los otros dos tipos de ingresos adicionales que se reportan son jubilaciones o pensiones y rentas de alquiler. 

El que recibe mayor renta por esa vía es el nacionalista Rodrigo Goñi: 260.000 pesos por un campo arrendado en Durazno y 35.000 por apartamentos en Montevideo. 

Entre los seis que cobran más de alquiler hay cinco nacionalistas (además de Goñi están Amin Niffouri, Domingo Rielli, Carlos Moreira y Graciela Bianchi) y un colorado (Walter Cervini), todos ellos por más de 45 mil pesos. 

Entre los que cobran alquiler por menos de 45 mil pesos hay un blanco (Javier García), un colorado (Maximiliano Campo), un cabildante (Álvaro Perrone) y ocho frenteamplistas, cuatro de ellos ministros (Alfredo Fratti, Lucía Etcheverry, Gabriel Oddone y José Carlos Mahía), tres senadores (Daniel Borbonet, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini) y un diputado (Álvaro Lima). De todos ellos, Mahía es el que cobra la renta más pequeña: declaró 5.587 pesos mensuales por el arrendamiento de un apartamento en Las Piedras. 

Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo hay varios jubilados o pensionistas.

En el Consejo de Ministros son tres, entre ellos el ministro de Trabajo Juan Castillo, que declaró una renta de 47.616 pesos por su AFAP. Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, declaró ingresos de 86.720 pesos de la Caja de Profesionales y 20.113 pesos de su AFAP.

En esta categoría se destaca también el canciller Mario Lubetkin, que cobra tres jubilaciones: una en Italia (38.370 pesos), otra de Naciones Unidas (203.605 pesos) y la del BPS (29.986 pesos).

En el Parlamento, el diputado Gustavo Salle está entre los que cobran jubilación de la Caja de Profesionales, con 97.443 pesos mensuales. El senador colorado Pedro Bordaberry declaró 53.651 pesos mensuales de la Caja de Profesionales, mientras que la diputada del MPP Mary Araujo recibe de allí 77.870 pesos al mes.

La diputada nacionalista Mercedes Long cobra jubilación rural (26.390 pesos), y su compañera de bancada María Fajardo cobra de la Caja Bancaria (35.181 pesos) mientras que tres legisladores reciben pasividades de Industria y Comercio: las senadoras frenteamplistas Blanca Rodríguez (109.425 pesos) y Liliam Kechichian (20.000 pesos) y el diputado nacionalista Sergio Valverde (29.000 pesos). 

La senadora frenteamplista Constanza Moreira declara 107.834 pesos al mes entre su AFAP y la pensión por viudez, mientras que la diputada blanca Adriana Peña recibe 27.508 de su AFAP y el colorado Martí Molins 11.400 pesos, según su declaración jurada. 

Pero más allá de todas estas disparidades en los ingresos adicionales, también aparecen diferencias significativas en los ingresos que declaran, bajo juramento, dirigentes que perciben los mismos salarios nominales y que por lo tanto deberían tener variaciones menores en su salario líquido (dependiendo de factores como personas a cargo o aportes al Fonasa y a la seguridad social). 

Esto ocurre porque no todos los ministros y legisladores respetan los criterios adecuados para la declaración del ingreso.

Están, por ejemplo, los que registran el salario nominal y no el líquido, o suman también partidas que deberían ser de secretaría. Y están, por otro lado, los que a su sueldo líquido le restan también los aportes que les retiene su partido o sector político. 

La forma correcta de hacer la declaración, incluyendo esa información —que es de interés público— es informar el sueldo líquido (deducidas las cargas legales) y agregar, entre las observaciones, el monto que se descuenta entre el partido y el sector. 

Pero son muy pocos los casos que lo hacen de esa forma. 

La mayoría no dice nada sobre los aportes (es cierto que no están obligados), pero quienes sí lo hacen suelen especificarlo de forma errónea, salvo contadas excepciones, como el ministro Gonzalo Civila y los diputados Javier Umpiérrez y Carlos Rodríguez, del MPP. 

Algunos ejemplos de la disparidad de criterios: Nicole Salle, de Identidad Soberana, declara 130 mil pesos de ingresos y anota como observación que en realidad son 241.700 líquidos de los cuales descuenta un 40% para su partido. Mary Araujo, del MPP, declara 109 mil pesos de ingresos por su cargo de diputada, cuando esa es la cifra que topea su sector político, al que le entrega buena parte de su salario. El cabildante Perrone registra un sueldo de 142.000 pesos. La ministra de Salud Cristina Lustemberg informa un salario de 138.000, cifra a la que se llega solo si se descuentan aportes partidarios. Otros casos, como la ministra de Defensa Sandra Lazo, los colorados Andrés Ojeda y Horacio De Brum declaran su salario nominal y no el líquido.

Más de veinte de las declaraciones analizadas tenían alguno de estos problemas en la computación del ingreso. 

A ese total se suman otros veinte casos que sumaron su ingreso mensual dentro de su patrimonio, cuando se trata de dos cosas distintas: los ingresos son un flujo y el patrimonio es un stock. 

Entre los que incurrieron en ese error está el presidente Orsi, los ministros de Interior (Carlos Negro), Trabajo (Juan Castillo) e Industria (Fernanda Cardona), así como senadores y diputados de los tres principales partidos.

Por fuera de los errores en los ingresos, también hay al menos 16 casos en los que el patrimonio total declarado no refleja adecuadamente la resta de activos menos pasivos.

Algunos tienen miles y miles de pesos de ahorros en cuentas bancarias, otros guardan dinero en efectivo (y lo declaran). En esta última categoría están los ya mencionados Blás y Lazo, además del diputado colorado Matías Duque, quien declaró 20.000 pesos y 400 dólares en efectivo, y el frenteamplista Agustín Mazzini, quien tiene 1.200 dólares en billetes.

El ministro Oddone es el que tiene más ahorros de los 123 declarantes. Al momento de la declaración figuraban 34.198.837 pesos en sus cinco cuentas bancarias, poco menos de 900 mil dólares.

Le siguen Walter Cervini con 29.688.175 pesos en seis cuentas bancarias, Carlos Moreira con 26.850.375 pesos en siete cuentas bancarias, Luis Enrique Gallo (20.470.000 pesos), Gustavo Salle (19.434.345 pesos), Rodrigo Blás (17.552.384 pesos en nueve cuentas bancarias más una parte en efectivo), Blanca Rodríguez (14.200.000 en cuatro cuentas), Andrés Ojeda (9.935.695 pesos también en cuatro cuentas distintas), Álvaro Lima (9.119.645 pesos en tres cuentas) y Rodrigo Goñi (7.800.000 en tres cuentas).

¿Y los inmuebles? El colorado De Brum es quien tiene mayor valor total de inmuebles declarados (más de 13 millones de dólares), seguido muy atrás por Rielli con poco más de seis millones de dólares. Pero el nacionalista Rodrigo Goñi es quien tiene la propiedad más cara: declara casi dos millones y medio de dólares por inmuebles rurales en Durazno.

Aunque tiene una sola propiedad declarada, Lema entra en el top diez de los que tienen más dinero declarado en inmuebles: una casa que vale poco más de 600.000 dólares.

Hay 36 dirigentes que declaran no tener inmuebles, de los cuales 22 son frenteamplistas, nueve blancos y cinco colorados. Pero la proporción es similar: en cada uno de esos tres partidos, siete de cada diez declaran tener algún inmueble.

Hay 27 que declaran no tener auto, de los cuales 17 son frenteamplistas. Entre ellos está la vicepresidenta Cosse, el senador colorado Pedro Bordaberry, el nacionalista Javier García, los frenteamplistas Sebastián Sabini, Oscar Andrade y Gonzalo Civila, y Nicolle Salle de Identidad Soberana.

El presidente Orsi es quien tiene el vehículo más caro, una camioneta Hyundai de 2025, que cuesta 81.747 dólares, y también es quien tiene mayor valor en vehículos con un total de 109 mil dólares: su segundo vehículo es una camioneta Nissan de 2022. Le sigue Andrés Ojeda con unos 85 mil dólares declarados por un BMW de 2025 y la diputada nacionalista de Artigas Miriam Britos, quien tiene una camioneta Mercedes-Benz Sprinter que vale casi 82 mil dólares. Luego Martín Lema con 69 mil dólares (tiene a su nombre dos Toyota, uno de 2022 y otro de 2024) y Horacio de Brum con 56 mil dólares por tres autos, uno de ellos una camioneta todoterreno Willys de 1947.

Un dato exótico: el colorado Gabriel Gurméndez declara  1.728.000 pesos en obras de arte y 84.6000 en alhajas y platería.